Doctrina Parot, bombas racimo y terrorismo financiero
Quiero comenzar este artículo explicando que mi intención no es defender a ningún tipo de terrorista, ni decidir quien es más asesino o menos, ni tampoco dictaminar quien se merece la libertad o no. Escribo para criticar las malas decisiones políticas/jurídicas/legales que han tomado nuestros Gobiernos y que finalmente han tenido que pagar el ciudadano, el trasfondo político de dichas decisiones y los baremos que ellos usan para decidir que es terrorismo y que no.
Como todos sabemos ya, el Tribunal de Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) ha tumbado la doctrina Parot. Esta jurisprudencia se creo saltándose a la torera varios artículos del convenio europeo de los Derechos Humanos al usarse retroactivamente y al no tratar a todos los presos por igual. La doctrina ha mantenido encerrado a muchos asesinos, entre ellos muchos terroristas. Ahora que ha sido invalidada posiblemente más de 50 presos serán puestos en libertad y el gobierno deberá pagarles una indemnización por saltarse el convenio de los DH y mantenerles encerrados.
Dejando de lado la cuestión de si merecen estar en libertad o no (algo que so que no es fácil y más cuando hablamos de terrorismo), el gobierno cometió un error y ahora ellos quedarán en libertad y tendrá que pagarles, de nuestros impuestos, una indemnización (30.000€ en el caso de Inés del Rio). Los logros en la lucha contra el terrorismo siempre han sido una de las principales bazas electorales. Los dos partidos han usado los golpes contra el terrorismo como una manera eficaz de lograr votos y lo han exprimido al máximo, pero como ya viene siendo normal, cuando dichos partidos han metido la pata somos nosotros los que tenemos que pagar esa indemnización/multa/rescate.
Mi pregunta es ¿Porque tenemos que pagar nosotros una indemnización a un asesino porque un partido político se quiso apuntar un tanto y se salto leyes internacionales? En mi opinión deberíamos declarar esa indemnización una deuda o pago odioso que no debería correr a cargo del ciudadano. Se tienen que depurar responsabilidades políticas, señalar y juzgar al político o al magistrado que decidió ignorar el convenio europeo de los DH al que estábamos inscritos y dichos responsables deberían pagar esas indemnizaciones.
Ahora hablaré de otro caso para demostrar que hay otros tipos de terrorismo a los cuales el Estado ha acabado pagando pero que no son tratados de la misma manera ni por los medios ni por muchos de los ciudadanos. Hasta 15 días antes de que el Partido Popular ganara las elecciones el ministro Pedro Morenes era vicepresidente de Instalaza, una empresa dedicada a la fabricación de armamento y que entre sus productos se encontraban las bombas racimo. Este tipo de bomba fue prohibido por las Naciones Unidas por su poder de destrucción indiscriminada (se lanzan sin objetivo fijo) y porque tienen un porcentaje alto de fallo y pueden explotar años después del fin del conflicto (como las minas antipersona), estas bombas son muy populares entre dictadores y ejércitos que escapan a las Naciones Unidas como el de Gadafi al que Instalaza le vendía este tipo de bombas prohibidas. En 2008 el Gobierno del PSOE creo una ley para prohibir dichas bombas al adherirse al tratado de Dublin que ya las prohibía y ¿Que hizo la empresa de Morenes? Pues demandar al gobierno por perjudicar su beneficio económico con dicha ley y pedir una indemnización. El Gobierno se negó en un primer momento, pero entonces el Partido Popular ganó las elecciones, Morenes dejó la empresa para ser ministro de defensa y pocos meses más tarde el partido de Morenes pago a la “ex”empresa de Morenes una indemnización de 40 millones de Euros… si si… 40 millones de nuestros euros porque van a ganar menos dinero al prohibirles vender armas prohibidas.
Algunos podréis pensar que los dos casos no se parecen en nada pero yo no sabría decir que es peor: asesinar a 20 personas o vender armas prohibidas a dictadores/terroristas/ejércitos que las usan para acabar con pueblos enteros, realizar alguna guerra/invasión ilegal o una limpieza étnica. Al final en los dos casos los que han acabado pagando son las victimas y luego nosotros.
Aunque es cierto que hay diferencias en el tratado de dichas victimas, muy poca gente piensa en esos niños desmembrados en algún lugar de Oriente Medio porque jugando han topado con una bomba de racimo sin explotar, tal vez alguien debería montar una asociación de victimas de las bombas de racimo y querellarse contra el ministro Morenes y su antigua empresa. También hay una gran diferencia entre el trato a los asesinos, ya que se intenta que unos se pudran en la cárcel y a otros se les conceden nuevos contratos públicos de compra de armamento o se les nombra ministros.
Por otro lado me sorprende mucho que gran parte de nuestra sociedad se ponga en pie de guerra y se sienta tan indignada porque un organismo internacional haya decretado una directriz que perjudique a las victimas españolas del terrorismo. No me sorprende que lo hagan, lo cual en parte veo normal, sino que no pongan el mismo empeño en pedir responsabilidades y denunciar las muertes y daños del terrorismo financiero. Esta crisis llamada estafa ha provocado más muertes que cualquier tipo de terrorismo en los últimos años. Suicidios al ser desahuciados, muertes a la puerta de hospitales o en una lista de espera, la muerte y desolación que provoca el recorte en la ley de dependencia o los ancianos que fallecen fruto de la depresión que les ha causado el ser engañados por la estafa de las preferentes. Todas esas muertes deben ser consideradas crímenes financieros contra la humanidad y mucha gente y muchos políticos parecen no darle apenas importancia o por lo menos no señalan con tanto afán a los responsables aunque sepamos quienes son. En este caso los terroristas también han sido indemnizados con rescates que les han salvado de la quiebra, puestos de ministro o han sido fichados por otras grandes empresas.
Muchas personas, asociaciones y medios de comunicación no han dudado en exigir al Gobierno que desobedezca al tribunal de Estrasburgo y que siga aplicando la doctrina Parot en favor de las victimas, pero no todos ellos critican ni piden desobediencia hacia el organismo internacional causante de gran parte de esta crisis:el Fondo Monetario Internacional, el mayor de todos los terroristas financieros.
Si toda la gente y los medios de comunicación que se han alzado para criticar y pedir desobediencia del Estado hacia el TEDH se uniera a todos los que pedimos desobediencia hacia las políticas de austeridad del FMI (aunque seguro que mucha gente coinciden en las dos partes) que tanto afectan a las victimas de este terrorismo financiero estoy seguro de que en la próxima manifestación contra la Troika seriamos muchos, nuestra voz sería mayor, acabaríamos con el bipartidismo y su servidumbre a los mercados y posiblemente las cosas cambiarían.
Supongo que la población esta en parte anestesiada para según que tipos de terrorismo y lo puedo comprender.No se le da la misma cobertura mediática ni importancia política a una victima de ETA que a un niño que pisa una bomba racimo o a una persona que se suicida justo antes de ser desahuciado. También es más fácil odiar a esos etarras que vemos en las fotos en blanco y negro de los aeropuertos que a un vendedor de armas al que han otorgado tan importante puesto como el de ministro o que a Cristine Lagarde con su increíble moreno de rayos uva presentada como la “salvadora de nuestra crisis” y rodeada de trajeados ministros que le hacen la pelota.
En vuestras manos dejo el marcaros vuestro baremo sobre cuales son los peores tipos de terrorismo. Lo que si os pido es que exijáis responsabilidades y denunciéis a todos ellos y no solo al que la clase política o algunos medios os digan.
Acabo expresando mi más sincero respeto por todas las victimas de cualquier tipo de terrorismo, sea cual sea su procedencia, ya que no quiero que se entiendan mis palabras como un menosprecio a cualquiera de ellas. Mi respeto, mi dolor y mi apoyo a todos ellos y a sus familias.
Un abrazo.
El Economista Cabreado.